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Ley 24.233

VigenteNacional

Desagravio del nombre y la memoria de Santiago Mainini, Recl├║s de Diago y Pascual Vuotto

Sanción:28 de julio de 1993Promulgación:20 de agosto de 1993BO:24 de agosto de 1993Ver fuente oficial
3artículos
error judicialdesagravioreparaci├│n simb├│licacaso BragadomemoriaPascual Vuotto
Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

En 1931 una bomba en la casa de un dirigente conservador de Bragado termin├│ con tres j├│venes obreros anarquistas condenados a reclusi├│n perpetua tras un proceso plagado de irregularidades y confesiones obtenidas bajo tormento. El caso de los presos de Bragado se volvi├│ emblema del error judicial argentino. Sesenta a├▒os despu├®s, el Congreso no pudo revisar la ÔÇöeso corresponde a los juecesÔÇö pero s├¡ hizo lo que estaba a su alcance: declarar por ley que la condena fue injusta y reparar p├║blicamente el nombre de los tres, con una entrega formal de la ley a sus familiares.

Objetivo

Reparar p├║blicamente el nombre y la memoria de tres personas condenadas por una que el Congreso califica de injusta.

Problema que resuelve

La subsistencia del estigma sobre tres personas condenadas a reclusión perpetua por un proceso viciado, sin que existiera una vía institucional de reparación simbólica.

A quiénes alcanza

Familiares de Santiago Mainini, Recl├║s de Diago y Pascual VuottoEstado nacionalPoder Ejecutivo nacional
Análisis jurídico

Obligaciones

  • •El Poder Ejecutivo debe designar un funcionario que se constituya en el domicilio de los familiares para entregarles copia de la ley

Derechos que reconoce

  • •Los familiares de los desagraviados reciben el reconocimiento formal del Estado sobre la injusticia de la condena

Casos de uso

  • •Antecedente legislativo de desagravio por error judicial
  • •Consultar el reconocimiento estatal sobre el caso de los presos de Bragado
  • •Ejemplo de reparaci├│n simb├│lica dispuesta por ley

Preguntas frecuentes

Desagravia el nombre y la memoria de Santiago Mainini, Reclús de Diago y Pascual Vuotto por la que los condenó a reclusión perpetua por el homicidio de María Enriqueta Blanch y de Paula Arruabarrena, y que el Congreso califica de injusta.