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Ley 24.306

VigenteNacional

Intervenci├│n federal a la Provincia de Santiago del Estero (1993)

Sanción:17 de diciembre de 1993Promulgación:17 de diciembre de 1993BO:20 de diciembre de 1993Ver fuente oficial
▸1 reforma — ver historial
1993Texto original
1994Decreto 771/1994vigente

El art├¡culo 1 del Decreto 771/1994 (B.O. 18/5/1994) prorrog├│ el plazo del art├¡culo 4 de esta ley para convocar a elecciones en Santiago del Estero: en lugar de los 150 d├¡as corridos desde el inicio de la intervenci├│n, el vencimiento pas├│ a ser el d├®cimo d├¡a corrido posterior a la fecha en que el Poder Ejecutivo nacional convocara a las elecciones generales de autoridades nacionales que asumir├¡an sus mandatos en 1995. El resto de la ley qued├│ sin cambios.

6artículos
1modif.
intervenci├│n federalSantiago del Esteroforma republicana de gobiernopoderes constituidosSantiague├▒azoconvocatoria a elecciones
Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

Es la ley que dispuso la intervenci├│n federal de Santiago del Estero en diciembre de 1993, al d├¡a siguiente del estallido social conocido como el Santiague├▒azo. En seis art├¡culos hace lo m├¡nimo y lo m├íximo a la vez: declara intervenidos los poderes constituidos de la provincia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), hace caer de inmediato los mandatos del gobernador y de los legisladores provinciales, deja en comisi├│n a los jueces, delega en el Poder Ejecutivo nacional la designaci├│n del Interventor Federal y le fija el objetivo: normalizar los poderes provinciales y convocar a elecciones dentro de los 150 d├¡as. Ese plazo fue despu├®s prorrogado por el Decreto 771/1994. Los gastos se imputaron a rentas generales, al Ministerio del Interior.

Objetivo

Restablecer la forma republicana de gobierno en la Provincia de Santiago del Estero mediante la intervenci├│n federal de sus poderes constituidos y la convocatoria a nuevas elecciones provinciales.

Problema que resuelve

En diciembre de 1993 la crisis institucional y social de Santiago del Estero ÔÇöel estallido conocido como el Santiague├▒azo, con el incendio de edificios p├║blicosÔÇö dej├│ a los poderes provinciales sin de gobernar. La Constituci├│n Nacional prev├® para esos casos la intervenci├│n federal, pero la decisi├│n corresponde al Congreso: hac├¡a falta una ley que la declarara y fijara su alcance.

A quiénes alcanza

Provincia de Santiago del Esterogobernador de Santiago del Esterolegisladores provincialesjueces provincialeselectores de Santiago del EsteroPoder Ejecutivo nacionalMinisterio del Interior
Análisis jurídico

Obligaciones

  • •El Poder Ejecutivo nacional debe designar al Interventor Federal de la provincia
  • •El Poder Ejecutivo debe impartir al Interventor las instrucciones necesarias para normalizar y poner en pleno funcionamiento los poderes provinciales
  • •Debe convocarse a elecciones dentro de los 150 d├¡as desde el inicio de la intervenci├│n (plazo luego prorrogado por el Decreto 771/1994)
  • •Los gastos de la intervenci├│n se toman de rentas generales, con imputaci├│n al Ministerio del Interior

Derechos que reconoce

  • •Los electores de Santiago del Estero recuperan la elecci├│n de sus autoridades provinciales a trav├®s de la convocatoria a elecciones que ordena el art├¡culo 4
  • •La provincia conserva su autonom├¡a: la intervenci├│n es temporaria y tiene por fin restablecer el funcionamiento de sus propios poderes, no sustituirlos de modo permanente

Casos de uso

  • •Estudiar el alcance concreto de una intervenci├│n federal declarada por ley
  • •Reconstruir la cronolog├¡a institucional de Santiago del Estero entre 1993 y 1995
  • •Comparar con la segunda intervenci├│n de la provincia, dispuesta por la Ley 25.881 (Intervención federal a Santiago del Estero) en 2004

Preguntas frecuentes

Es la facultad del Gobierno federal, prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional, de intervenir en el territorio de una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno. Cuando alcanza a los poderes constituidos, como acá, la declara el Congreso por ley y la ejecuta un Interventor Federal designado por el Poder Ejecutivo.