Question 1

┬┐Qu├® tierras alcanza esta ley?

Accepted Answer

La Finca Santiago, en el departamento de Iruya, provincia de Salta: las matr├¡culas rurales 255 (fracci├│n A), de 3.100 hect├íreas y 841,62 metros cuadrados, y 256, de 122.358 hect├íreas y 9.051,38 metros cuadrados. En total, 125.458 hect├íreas y 9.893 metros cuadrados, con sus derechos de agua y todo lo plantado y adherido a ellas.

Question 2

┬┐Qui├®n recibe las tierras expropiadas?

Accepted Answer

No las conserva el Estado nacional. El Poder Ejecutivo debe transferirlas al Instituto Nacional de Asuntos Ind├¡genas, que es la autoridad de aplicaci├│n creada por la Ley 23.302, y ese organismo debe adjudicarlas en propiedad a las comunidades abor├¡genes que ya estaban radicadas dentro de los l├¡mites de la finca, seg├║n el procedimiento de los art├¡culos 3 y 12 de esa ley.

Question 3

┬┐La ley por s├¡ sola transfiere la propiedad?

Accepted Answer

No. La ley declara la utilidad p├║blica, que es el requisito constitucional previo para expropiar. A partir de ah├¡ el Estado debe promover el juicio de expropiaci├│n conforme a la Ley 21.499 y pagar la indemnizaci├│n. El dominio se transfiere al final de ese procedimiento, no con la sanci├│n de la ley.

Question 4

┬┐Qui├®n paga la indemnizaci├│n?

Accepted Answer

El Estado nacional, con imputaci├│n a Rentas Generales. Ni las comunidades adjudicatarias ni la provincia de Salta cargan con el costo de la expropiaci├│n.

Question 5

┬┐Por qu├® se dict├│ despu├®s la Ley 24.640?

Accepted Answer

Porque el art├¡culo 33 de la Ley 21.499 tiene por abandonada la expropiaci├│n si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos a├▒os de la declaraci├│n de utilidad p├║blica. Como ese plazo estaba por vencerse sin que el juicio se hubiera iniciado, en 1996 el Congreso sancion├│ la Ley 24.640 para extenderlo a tres a├▒os, ├║nica y exclusivamente respecto de esta expropiaci├│n.

Question 6

┬┐En qu├® se apoya jur├¡dicamente esta expropiaci├│n?

Accepted Answer

En el art├¡culo 8 y concordantes de la Ley 23.302 de pol├¡tica ind├¡gena, en el Decreto 155/89 que la reglamenta y en dos convenios de la Organizaci├│n Internacional del Trabajo: el 107, aprobado por la Ley 14.932, y el 169 sobre pueblos ind├¡genas y tribales, aprobado por la Ley 24.071. Es un antecedente inmediatamente anterior al reconocimiento de la posesi├│n y propiedad comunitaria de las tierras que incorpor├│ la reforma constitucional de 1994.

Question 7

¿Qué establece el artículo 1 (Declaraci├│n de utilidad p├║blica de las tierras de Iruya)?

Accepted Answer

Es el art├¡culo que habilita la expropiaci├│n. La Constituci├│n Nacional exige que toda expropiaci├│n sea calificada por ley de utilidad p├║blica: eso es exactamente lo que hace ac├í el Congreso respecto de las tierras de Iruya que el art├¡culo 3 identifica por matr├¡cula. La declaraci├│n incluye tres cosas adem├ís del suelo: los derechos de agua, lo plantado y lo adherido al terreno, de modo que el titular no puede desmembrar la finca reteniendo el acceso al agua o las mejoras. El art├¡culo tambi├®n deja escrito su fundamento jur├¡dico: el art├¡culo 8 de la Ley 23.302 ÔÇöque ordena adjudicar tierras a las comunidades ind├¡genasÔÇö y los convenios 107 y 169 de la Organizaci├│n Internacional del Trabajo, incorporados al derecho argentino por las Leyes 14.932 y 24.071, que reconocen el derecho de los pueblos ind├¡genas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente.

Question 8

¿Qué establece el artículo 2 (Transferencia al organismo indigenista y adjudicaci├│n a las comunidades)?

Accepted Answer

Este art├¡culo es el que le da sentido a toda la ley: fija el destino de las tierras. El Estado no expropia para quedarse con el campo, sino para entregarlo. El circuito tiene dos pasos: primero el Poder Ejecutivo transfiere las tierras expropiadas al Instituto Nacional de Asuntos Ind├¡genas, que es la autoridad de aplicaci├│n creada por la Ley 23.302; despu├®s ese organismo las adjudica en propiedad a las comunidades abor├¡genes que ya viv├¡an dentro de los l├¡mites de la Finca Santiago. La palabra "actualmente" acota los beneficiarios a las comunidades radicadas al momento de la ley. La adjudicaci├│n se rige por los art├¡culos 3 y 12 de la Ley 23.302, que regulan la inscripci├│n de las comunidades y las condiciones de la entrega de la tierra.

Question 9

¿Qué establece el artículo 3 (Identificaci├│n catastral y valuaci├│n de las tierras)?

Accepted Answer

Identifica con precisi├│n qu├® se expropia y a qui├®n. El objeto son dos matr├¡culas rurales del departamento de Iruya: la 255 (fracci├│n A), de 3.100 hect├íreas, y la 256, de 122.358 hect├íreas, que suman 125.458 hect├íreas. Nombrar la matr├¡cula y no solo la finca es lo que hace ejecutable la expropiaci├│n: sin esa determinaci├│n el juicio no podr├¡a individualizar el bien. La expropiaci├│n se dirige contra Finca Santiago S. A. "o quien resulte su leg├¡timo titular del dominio", f├│rmula que evita que una transferencia posterior del campo frustre la ley. La valuaci├│n fiscal de 117.001,54 pesos que menciona el art├¡culo es un dato de referencia de 1994 y no fija el monto de la indemnizaci├│n: en el juicio expropiatorio el valor lo determina la tasaci├│n conforme a la Ley 21.499.

Question 10

¿Qué establece el artículo 4 (Imputaci├│n presupuestaria de la indemnizaci├│n)?

Accepted Answer

Define qui├®n paga y con qu├® fondos. La indemnizaci├│n que corresponde al titular de las tierras se afronta con Rentas Generales, es decir con los recursos ordinarios del Tesoro nacional, sin crear un impuesto ni un fondo espec├¡fico. Dos consecuencias pr├ícticas: ni las comunidades adjudicatarias ni la provincia de Salta cargan con el costo de la expropiaci├│n, y el pago queda sujeto a que exista partida presupuestaria disponible, que es una de las razones habituales por las que estas expropiaciones se demoran.

Question 11

¿Qué establece el artículo 5 (Competencia del Instituto Nacional de Asuntos Ind├¡genas)?

Accepted Answer

Concentra en un solo organismo toda la ejecuci├│n de la ley. El Instituto Nacional de Asuntos Ind├¡genas, creado por la Ley 23.302 y organizado por el Decreto 155/89, es el que lleva adelante el procedimiento completo: recibir las tierras expropiadas, identificar a las comunidades radicadas, resolver las adjudicaciones y ejecutar la entrega. Para las comunidades esto significa que tienen una ├║nica ventanilla ante la cual gestionar y a la cual reclamar, sin tener que dispersarse entre distintas dependencias del Estado nacional o provincial.

Question 12

¿Qué establece el artículo 6 (Aplicaci├│n supletoria de la Ley 23.302)?

Accepted Answer

Cl├íusula de remisi├│n: todo lo que esta ley no resuelve se completa con la Ley 23.302 de pol├¡tica ind├¡gena y con su decreto reglamentario. Como esta norma es breve y est├í pensada para un caso concreto, no regula cuestiones como los requisitos de inscripci├│n de las comunidades, las condiciones y limitaciones de la adjudicaci├│n ÔÇöpor ejemplo la prohibici├│n de enajenar por cierto plazoÔÇö ni el r├®gimen de las tierras adjudicadas. Todo eso se rige por el r├®gimen general, que queda incorporado por esta remisi├│n.

Question 13

¿Qué establece el artículo 7 (Comunicaci├│n al Poder Ejecutivo)?

Accepted Answer

F├│rmula de cierre con la que el Congreso le remite la ley sancionada al Poder Ejecutivo para su promulgaci├│n y publicaci├│n. No tiene contenido normativo propio. En este caso el Ejecutivo no dict├│ decreto de promulgaci├│n dentro del plazo del art├¡culo 80 de la Constituci├│n Nacional, de modo que la ley qued├│ promulgada de hecho el 1 de julio de 1994.

Ley 24.334

Expropiaci├│n de tierras del departamento de Iruya, provincia de Salta, para las comunidades abor├¡genes de la Finca Santiago