Ley 25.825

Artículo 1Nueva redacción del artículo 258 bis: soborno a funcionarios extranjeros

Texto oficial

Sustitúyese el Art. 258 bis — Código Penal de la Nación Argentina, por el siguiente: Artículo 258 bis: Será reprimido con reclusión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Qué significa en la práctica

Define el de soborno transnacional. Comete el quien, directa o indirectamente, ofrece u otorga a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional —para beneficio de ese funcionario o de un tercero— dinero, objetos de valor, dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que haga u omita un acto propio de su función, o de que haga valer la influencia que le da su cargo, en un asunto vinculado a una transacción económica, financiera o comercial. La pena es de reclusión de uno a seis años más inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. Basta el ofrecimiento: no hace falta que el funcionario acepte ni que el negocio se concrete.

Ejemplo práctico

Una constructora argentina quiere ganar una licitación de obra pública en un país limítrofe y le ofrece a un funcionario de ese país, a través de un consultor local, el 3% del contrato. Aunque el pago se pacte y se ejecute en el exterior, y aunque el funcionario finalmente rechace la oferta, los directivos argentinos que ofrecieron el dinero cometen el delito del artículo 258 bis: reclusión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.

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