La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social.
La pena domiciliaria prevista en el Art. 10 — Código Penal de la Nación Argentina, o cualquier medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios, será dispuesta por el juez de ejecución o juez competente y supervisada en su ejecución por el patronato de liberados o un servicio social calificado, de no existir aquél.
En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131 del Código Penal de la Nación Argentina se requerirá un informe del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la concesión de la para el futuro personal y familiar del interno.
El interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
(Artículo sustituido por Art. 24 — Reforma de la Ejecución Penal 2017 B.O. 28/07/2017)
Qué significa en la práctica
La detención domiciliaria la dispone el juez (fundada en informes médico, psicológico y social en los casos de salud) y la supervisa el patronato de liberados o un servicio social, nunca organismos policiales; en ciertos delitos sexuales contra menores se exigen informes adicionales y dispositivo electrónico de control. (Reforma Reforma de la Ejecución Penal 2017.)