Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente.
Qué significa en la práctica
Los poderes públicos, empleadores y terceros deben abstenerse de injerir en las asociaciones sindicales.