Qué significa en la práctica
Le da a la Corte Suprema la llave operativa. La ley crea los cargos de magistrado, pero un tribunal necesita además empleados, oficinas, expedientes y reglas internas: cómo se sortean las causas, cómo se integra el tribunal cuando falta un juez, desde cuándo empieza a recibir trabajo. Este artículo autoriza a la Corte, en ejercicio de la superintendencia que la Constitución le reconoce sobre el Poder Judicial, a designar el personal necesario y a dictar las normas complementarias que hagan falta. Sin esta habilitación, cada detalle de la puesta en marcha habría necesitado otra ley. Conviene tener presente que en 1992 la Corte concentraba esas funciones administrativas: la reforma constitucional de 1994 las pasó en buena medida al Consejo de la Magistratura.