Qué significa en la práctica
Encarga la valuación de los activos, actividades y derechos a privatizar a entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, elegidas caso por caso. Es una delegación amplia: la ley no fija criterios de valuación, ni exige concurso para elegir al valuador, ni establece un mecanismo de control del resultado. En un proceso donde el precio de venta era la variable central, esa amplitud fue uno de los puntos más discutidos del esquema.